top of page
Buscar

PERÚ, ¿PAÍS MINERO? Discursos, mitos y realidades

Foto del escritor: luisguti3097luisguti3097
12 ago 202011 Min. de lectura

Luis Alarcón Gutiérrez(1)

Luis F. Valle Asmad(2)


Desde el ingreso de Cateriano, como premier, se enfatizó la reactivación de la economía peruana. Sin embargo, éste priorizaba ya con énfasis y seguridad el desarrollo de proyectos mineros en las distintas entrevistas y discursos que presentaba en los medios de comunicación, adjudicando y describiendo que “El Perú es un país minero”. Asimismo, al pasar los días desde su llegada al gabinete, el gobierno comenzó a promocionar una cartera de proyectos mineros en las distintas zonas geográficas del país.

Esta reactivación económica y la promoción del discurso de Cateriano respecto a “destrabar” proyectos mineros para la solución del desarrollo, ha generado ciertos supuestos y contradicciones, que revisaremos a continuación.

La caracterización de una sociedad o país a partir de sus recursos aprovechables es y ha sido una estrategia discursiva histórica sobre la que se ha sustentado la explotación de dichos recursos y, con ello, la vulneración de poblaciones locales residentes. Como señala Castillo (s/a), la promoción de los lugares se basa en la “exposición” de las “bondades” del mismo, exaltando las diferencias, cualidades y posibilidades que presenta para el desarrollo de la industria y el comercio a partir de la atracción del capital extranjero(3). En el caso latinoamericano, esta tendencia se acentúa a principios de los 90’ con el fracaso de los modelos de industrialización y las reformas neoliberales de los Estados, que en su afán por hallar la estabilización y crecimiento económicos se enfrascaron en la tarea de establecer un conjunto de reformas legales y económicas que dieran seguridad a la inversión extranjera en términos, principalmente, de propiedad y capitales. Por otro lado, estas reformas fueron acompañadas por la creación de nuevos discursos de atracción de capitales, en que los “lugares” eran construidos, no solo legal, política y económicamente, sino simbólicamente para ser ofrecidos.

En el Perú, fue el gobierno de Fujimori el que, en su intento por atraer la inversión extranjera, ejecutó una serie de reformas políticas de liberalización que promovía el libre movimiento de capital, la libre fluctuación del tipo de cambio según moneda extranjera, exportación minera a precios internacionales, privatización de empresas, convenios de estabilidad tributaria, y sobre todo, seguridad de los derechos de propiedad sobre la tierra, lo que traía a colación el dilema entre propiedad superficial y el subsuelo, siendo este último reservado para su concesión al Estado como un derecho, y enfatizando este su uso a partir de la priorización de la actividad minera como interés nacional. Esta promoción legal y política de los lugares estuvo acompañada de una reconfiguración de las imágenes del espacio explotable en término de una “retórica de la imagen” sobre cómo eran retratados esos lugares, qué actores eran presentados y qué tenían estos qué decir sobre ello. El espacio peruano es así definido en términos casi exclusivamente geográficos y económicamente estratégicos, dando sobre-importancia a la localización y habilitación de recursos naturales para la explotación. Así, los mapas producto de estas representaciones proyectan ideas basadas únicamente en los objetivos propuestos, disociando los espacios en su complejidad histórica y social. Como ejemplos actuales podemos citar los mapas de inversión que presenta el Ministerio de Energía y Minas (MapaInversiones) bajo la rúbrica de “Perú, país minero”, en el que se presenta un mapa del Perú desnudo en el que, por departamentos apenas delimitados, se enumeran los nuevos proyectos mineros y el valor aprobado de los mismos(4). Es decir, la lectura dirige la percepción del territorio como recurso aprovechable y, además, como viable para el sostenimiento de X número de proyectos y la producción de X cantidad de dinero. Esta representación se apoya de la enumeración de proyectos de desarrollo local en el marco de las explotaciones señaladas, a través de las cuales se quiere evidenciar la importancia del sector minero en el desarrollo nacional. Obviamente, no están consideradas las variables que hacen que muchos de estos proyectos se encuentren en constantes conflictos con las poblaciones residentes, mostrando un panorama de pacificación y pasividad de las poblaciones locales como receptoras, invisibilizando su agencia política y reivindicativa.

Otro tanto sucede como el mapa que presenta AMSAC en su sección de Promoción de la Inversión Privada, en que las regiones señaladas se pintan de un sugestivo color verde y los puntos se indican, de forma casi aleatoria, únicamente a través de la leyenda de proyectos en operación, implementación, promoción, evaluación y devolución(5). El resto del mapa nacional es un campo gris que induce a pensar en un rezago productivo no colonizado por los beneficios de la minería. Añadamos a esto que, en la Introducción del documento Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, edición del 01/09/2019, por el Ministerio de Energía y Minas, se señala a la minería como el eje central de la economía nacional, valor que es sustentado en cifras monetarias y producción de PBI -Durante el año 2018, representó el 9.4% del PBI nacional, el 60% del valor total de las exportaciones nacionales y el 10.8% de los ingresos recaudados por SUNAT, señala el documento, que además legitima este sector económico a través de las aportaciones a los gobiernos regionales y locales por la suma de S/ 4,875 millones, representando un aumento sustancial del 47% con respecto al monto total del 2017 y siendo la mayor cifra registrada de los últimos 5 años(6). Discutir sobre la gestión de estos niveles de gobierno en relación al canon minero y la lucha por los derechos de las poblaciones afectadas sería un tema amplio e igualmente desalentador.

Como se ve, esta forma de representar los lugares se hace a costa de una despolitización de los mismos, así como a través de un sesgo tranquilizador y de exigencia a la inversión extranjera, pues al presentar a los espacios únicamente como contenedor de recursos explotables, se remarca la necesidad de “expertos” capaces de aprovecharlos a través de la tecnología apropiada. Esta homogeneización armoniosa contrasta de forma extrema con la contestación de las poblaciones frente a estas intervenciones, que además articulan otros actores, como activistas y grupos gubernamentales. El caso de Tambo Grande resulta ejemplificador. Siendo un pueblo agrícola del importante Valle de San Lorenzo, en Piura, basado en un sistema de irrigación que sustenta una agricultura de exportación (mango y limón), se vio enfrentado a la Manhattan Minerals, compañía minera canadiense junior a la que fue cedido un proyecto de intervención minera en la región a tajo abierto para la extracción de oro, zinc y cobre, ubicado en medio del pueblo. Frente a los posibles e inevitables impactos, ambientales y sociales, de tal intervención, los distintos actores se organizaron entorno al Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande en oposición al proyecto, resaltando las visiones locales del pueblo (como símbolos religiosos) y los derechos sobre la tierra, la vida que ella alberga y las tradiciones en ella sustentadas, como una forma de dar cuenta de aquellos procesos que las escasas y deshumanizantes representaciones geográficas de promoción pro-inversión ignoran con objetivos claros.

Visto así el panorama ¿Es el Perú un país minero desde el período prehispánico? ¿O es solo la manera discursiva en que se presenta a nuestro país con el objetivo de canalizar los capitales de mayor rentabilidad e interés de cierta clase política y económica? Si seguimos a José de Echave, ex viceministro del Ambiente, debemos partir de que, en realidad, el Perú es un país megadiverso. Esto supone el potencial para la construcción de una matriz productiva diversificada, al amparo de los mecanismos políticos adecuados que permitan resguardar los derechos de los económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones(7).

Sin embargo, la realidad es otra. La apuesta constante es por el debilitamiento de las políticas públicas en la materia, en la que el discurso de la tramitología, de la permisología, del burocratismo sirven para destrabar proyectos mineros que además vulneran la institucionalidad ambiental, y la protección de derechos sociales de poblaciones enteras(8).

Hablemos sobre los daños ocasionados por las industrias extractivas mineras: de acuerdo a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta enero de 2019, fecha de la última actualización, en nuestro país se habían registrado 8,448 Pasivos Ambientales Mineros (PAM). El Anuario Minero 2019 publicado en mayo de 2020 por el Minem revela que la situación no es mejor: de los 8,448 pasivos, 5,225 (62% del total) figuran como “no gestionados”, lo que, en la práctica, significa que están abandonados y permanecen expuestos a la población.

¿Por qué se habla sobre estas externalidades causada por la minería? Porque esta evidencia refleja la contradicción sobre el discurso de Cateriano al hablar sobre la tecnología y su solución o prevención “efectiva”, en el que subrayó que, con la actual tecnología, el extractivismo minero no genera daños ambientales. En este aspecto hacemos referencia a lo que menciona el sociólogo méxicano Leff(9): La racionalidad capitalista ha estado asociada a una racionalidad científica que incrementa la capacidad de control social sobre la realidad, y una racionalidad tecnológica que asegura una eficacia entre medios y fines. Por último, citando a Marcuse, asocia que, en este desarrollo de la racionalidad capitalista -contextualizando en la presente situación de las industrias extractivas mineras en esta pandemia-, la irracionalidad se convierte en razón: razón como desarrollo desenfrenado de la productividad, conquista de la naturaleza, ampliación de las masa de bienes; pero irracional, porque el incremento de la productividad, del dominio de la naturaleza y de la riqueza social se convierten en fuerzas destructivas.

Por consiguiente, en este contexto de la pandemia ¿se fomentará aún más esta irracionalidad productiva? Estamos ya en una crisis de esta “racionalidad de la civilización moderna”, pero ¿por qué resolver una crisis con algo que va a generar más desequilibrios políticos, sociales y crisis de los derechos humanos, ambientales y territoriales? Esa es la esencia de la irracionalidad de la racionalidad capitalista.

Por otro lado, durante la cuarentena, para la reactivación económica -minera- se han emitido algunos comunicados respecto a la consulta previa. Primero fue la implementación de una consulta previa virtual, propuesta en que las organizaciones que representan a los pueblos indígenas han rechazado de forma unánime. Por otro lado, durante la implementación del gabinete de Cateriano y este gabinete actual se ha comentado sobre una reducción del proceso de la consulta previa. Pero ¿cómo vamos a reducir un proceso -un derecho- tan importante para la población? Respecto a esto, Iván Lanegra señaló que “el plazo máximo ordinario para el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas es de 4 meses: 60 días para información, 30 para evaluación interna, y 30 para diálogo (DS. 001-2012-MC)(10). Entonces, en vez de fortalecer la capacidad de valoración del diálogo intercultural, sólo se genera una vulnerabilidad, primando la capacidad de solamente apropiar los recursos de múltiples territorios.

Recordemos que esta consulta previa es un derecho y no es simplemente un trámite administrativo -así lo perciben las industrias extractivas y el gobierno solo lo legitima-; a pesar de ser un derecho, los pueblos consultados no tienen poder de veto y cuando ambas partes no se ponen de acuerdo, el Estado decide, originando una situación conflictiva y que, en esta situación actual, podría generar un estallido de conflictos a partir de implementación de normas que tratan de agilizar esta “tramitología” -que incluye recorte de derechos y descuido de estándares ambientales por parte del gobierno.

Mencionaremos algunas normativas controversiales emitidas durante la pandemia por parte del gobierno en relación al sector ambiental y extractivo minero. Al comienzo de la cuarentena se publicó el DS N° 044-2020-PCM que permitió la permisividad de continuar las actividades del subsector de la minería, hidrocarburos y energía sin impedimentos. El 11 de mayo se publica el D.L. N° 1500, con el fin de facilitar la “tramitación”, evaluación y aprobación de las certificaciones ambientales, flexibiliza el procedimiento de monitoreo en el sector de minería y mecanismos de participación ciudadana de manera virtual u “otros medios de comunicación”. Por otro lado, tenemos el D.S. 019-2020-EM que modifica 13 artículos y una disposición complementaria transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 042-2017-EM)(11). El 04 de agosto el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto Supremo N° 213-2020-EF. Mediante esta norma, se transfiere S/ 1 411 900,00 al Ministerio de Cultura, con la finalidad de financiar la implementación de actividades para la identificación de localidades de pueblos indígenas en los ámbitos en los que se ubican los 23 proyectos mineros priorizados(12). Este proceso de identificación de localidades de pueblos indígenas que debe ser dirigido en base a la protección de sus derechos colectivos, ahora se orientará para la aceleración de la inversión minera. Estas normativas y otras que no hemos mencionado, debilita la institucionalidad ambiental y como lo menciona el sociólogo y geógrafo Juan Luis Dammert(13), no hay que confundir la “tramitología” con los recortes de derechos o descuido en estándares ambientales. El asunto es: ¿debemos relajar los estándares? Hay que distinguir entre simplificar trámites y reducir estándares ambientales y sociales. ¿Consulta previa virtual? No se puede ¿Debilitar más la institucionalidad ambiental? No se justifica, y a la larga traerá menor competitividad al país.

Se añade a este contexto la situación de los trabajadores en centros mineros, en el cual se viene aumentando los casos de infectados, perjudicando su integridad humana. Por ende, muchos sindicatos de distintas empresas mineras se suman a la demanda de reclamos por la vulneración de sus derechos en materia de salud. Recordemos que se han emitido distintas resoluciones ministeriales, quedando con el R.M. N° 159-2020-MINEM/DM respecto al protocolo sanitario en las actividades del subsector minería, hidrocarburos y energía. Sin embargo, no se está realizando una implementación adecuada del protocolo y hay una flexibilización de esta, generando denuncias de los trabajadores en centros mineros, tales como: De la minera Marsa, Antapaccay, Uchucchacua de Buenaventura, Milpo (Nexa Resources), Cerro Lindo, entre otros(14).

En este último punto, también se ha situado la contrariedad y la exclusión del valor humano en su gestión interna del sector minero, si internamente no hay una preocupación de la integridad y de los derechos humanos, entonces podemos esperar una mayor vulneración de la población que está situada -hasta desplazada- en un contexto minero.

No debemos perder de vista que estos discursos, prácticas e implementaciones de normas sólo permiten una mayor afluencia para la apropiación de los recursos naturales del territorio; un territorio que está siendo trasladado a un valor cuantitativo como mercancía y participa como insumo en esta irracionalidad productiva ¿serán estas las nuevas estrategias del extractivismo minero? ¿Se generará un estallido de múltiples conflictos?


Notas al pie de página

(1)Bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Trujillo. Especialidad en Antropología Social. Correo: luis.guti3097@gmail.com

(2)Bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Trujillo. Especialidad en Antropología Social. Correo: luis.fva-1@hotmail.com

(3)Castillo, G. (s/a) Se vende oro: la creación de espacios contestados en la promoción de la minería peruana. The University of Oklahoma. Ver en: https://drive.google.com/file/d/18nx09PqWndNCIbB8J2HrxIseOFHxBkBt/view?usp=sharing

(7)Wayka: ¿El Perú es solo un país minero? Hechos que desmienten a Cateriano. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=TiHlPPmmb7Y&feature=youtu.be

(9)Leff, E. (1994). Sociología y Ambiente: Formación socioeconómica, racionalidad ambiental y transformaciones del conocimiento. En E. Leff, Ciencias sociales y formación ambiental. GEDISA

(11)Pueden visualizar con mayor análisis del D.S. 019-2020, en estos links: La influencia de las empresas en los cambios en el Reglamento Ambiental de Exploración Minera: http://cooperaccion.org.pe/10870-2/https://

Análisis: Gobierno reduce y flexibiliza estándare de protección ambiental en exploración minera: muqui.org/noticias/muqui-informa/analisis-reduccion-y-flexibilizacion-de-estandares-de-proteccion-ambiental-en-exploracion-minera/

(13)Juan Luis Dammert es director de Natural Resource Governance Institute para América Latina.

(14)Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FTMMSP) denuncia “los incontrolables brotes de contagios COVID-19” en el sector minero: http://conflictosmineros.org.pe/2020/08/06/trabajadores-mineros-denuncian-aumento-de-contagios-y-piden-reunion-al-presidente-vizcarra/?fbclid=IwAR3XPct4zJRbJ-pIY165scgHkxsiFOSOgHQR9ffAN7sXokLrF7huuxx8lY



REFERENCIAS


Castillo, G. (s/a) Se vende oro: la creación de espacios contestados en la promoción de la minería peruana. The University of Oklahoma. Ver en: https://drive.google.com/file/d/18nx09PqWndNCIbB8J2HrxIseOFHxBkBt/view?usp=sharing

Leff, E. (1994). Sociología y Ambiente: Formación socioeconómica, racionalidad ambiental y transformaciones del conocimiento. En E. Leff, Ciencias sociales y formación ambiental. GEDISA.


WAYKA. ¿El Perú es solo un país minero? Hechos que desmienten a Cateriano: https://www.youtube.com/watch?v=TiHlPPmmb7Y&feature=youtu.be


MINEM. Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, edición del 01/09/2019: http://mineria.minem.gob.pe/proyectos_mineros/proyectos-de-construccion-de-mina/


Acuerdo Escazú:

Análisis: Gobierno reduce y flexibiliza estándare de protección ambiental en exploración minera: muqui.org/noticias/muqui-informa/analisis-reduccion-y-flexibilizacion-de-estandares-de-proteccion-ambiental-en-exploracion-minera/

Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FTMMSP) denuncia “los incontrolables brotes de contagios COVID-19” en el sector minero: http://conflictosmineros.org.pe/2020/08/06/trabajadores-mineros-denuncian-aumento-de-contagios-y-piden-reunion-al-presidente-vizcarra/?fbclid=IwAR3XPct4zJRbJ-pIY165scgHkxsiFOSOgHQR9ffAN7sXokLrF7huuxx8lY

La influencia de las empresas en los cambios en el Reglamento Ambiental de Exploración Minera: http://cooperaccion.org.pe/10870-2/https://

Transfieren recursos para identificar



143 visualizaciones0 comentarios

Entradas recientes

Ver todo

Comments

© 2020 by CIPAC CONTINUUM. Proudly created with Wix.com

bottom of page